Los pendientes de la Suprema Corte

María Amparo Casar

Saúl López Noriega

México vive un insólito y decisivo momento constitucional. Prácticamente todas las nuevas leyes sancionadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido cuestionadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por distintas vías: amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.

Las leyes promulgadas por el actual gobierno representan cambios tan sustantivos en la distribución de poderes y facultades del Estado, que constituyen casi un cambio de régimen político.

Los pendientes de la Corte deben volverse sentencias: certidumbre constitutiva, no incertidumbre nacional.

—Héctor Aguilar Camín.

Fragmentos ilustrativos

«Ha dicho el propio presidente que a través de amparos y otros recursos jurídicos se quieren frenar el cambio y la transformación. Se equivoca. Acudir a la SCJN es parte de la normalidad democrática y no un intento por desestabilizar o descarrilar a un gobierno.» —María Amparo Casar.

«Una vez que asumió el cargo de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, apoyado por su partido político en el Congreso, empezó a desahogar, con enorme celeridad, varios de los principales objetivos de su agenda de gobierno. Esto implicó un significativo número de reformas constitucionales, así como la creación de nuevas leyes y decretos presidenciales. Este frenesí de ajustes convirtió al 2019 en el tercer año con más reformas al texto constitucional desde 1917.» —Saúl López Noriega.

«En nuestro país no hay normalidad democrática desde hace tiempo, el derecho penal de derechos comparte la Constitución con un derecho penal del enemigo, el cual trata a las personas como prisioneros de guerra a quienes hay que reducir y restringir su posibilidad de defensa.» —Alejandro Jiménez Padilla.

«El combate contra el crimen en todas sus vertientes, incluyendo la persecución económica de los bienes que son objeto, instrumento o producto de la comisión de delitos, parecería justificarse en un país como México ahogado en redes criminales y corrupción. En principio este era el objetivo que perseguía la Ley Federal de Extinción de Dominio, publicada el 18 de junio de 2008, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.» —Susana G. Camacho.

«Los órganos internacionales han encontrado que justificar el uso de la fuerza a partir de conceptos abstractos, vagos e indeterminados, como lo son el orden y la paz públicas, puede repercutir en violaciones a derechos humanos.» —Santiago Aguirre.

«En cuanto a las sanciones ante los deberes de los integrantes de la Guardia Nacional de abstenerse de infligir o tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así́ como desaparición forzada, la CNDH estima que las sanciones para estos supuestos no son acordes con su gravedad, ya que ni siquiera son consideradas como faltas graves a la disciplina.» —Fernanda Rodríguez Pliego.

«A pesar de que tres partidos políticos, con agendas e ideologías supuestamente distintas, han estado al frente del gobierno federal, la guerra contra las drogas ha sido la narrativa dominante de la vida pública mexicana desde el 11 de diciembre de 2006.» —Daniel Quintanilla Castro.

«El actual gobierno no parece sentirse cómodo con los límites que le impone el derecho, ya que éste es visto como uno de los obstáculos que se interponen en el camino de la autoproclamada cuarta transformación que, por lo demás, pretende hacerse de forma inmediata y radical.» —Roberto Lara Chagoyán.

«En los conceptos subyace la idea de que toda la operación administrativa de sustitución del aeropuerto de Texcoco por el de Santa Lucía implica una decisión irracional, antieconómica e ineficiente. En consecuencia, se vulneran los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que se establecen en el artículo 134 constitucional.» —Juan Luis Hernández Macías